EL FORENSE DE LA SRTA. PEPIS.-

LA POLICÍA CIENTÍFICA NO PUDO ACCEDER DURANTE VARIAS HORAS A LOS CADÁVERES DE LOS “SUICIDAS” DE LEGANÉS. SE LO IMPIDIÓ – PRECISAMENTE - EL FORENSE QUE EL PSOE LLEVÓ A LA COMISIÓN 11- M.
Nadie ha sido capaz de explicar todavía por qué no se hicieron autopsias a los supuestos suicidas de Leganés, a pesar de que la Ley exige su práctica en toda muerte violenta. Pero no es esto lo único extraño en lo que respecta al tratamiento que se dio a los cuerpos encontrados en Leganés. Cuando la Policía Científica se personó en el Instituto Anatómico Forense para examinar los restos y tomar muestras de los cadáveres de los “suicidas”, se les impidió hacerlo. La Policía Científica no pudo acceder a los cuerpos hasta más de siete horas después, durante las cuales los cuerpos estuvieron bajo control del especialista en antropología forense que el PSOE llevó a la Comisión de Investigación del 11-M.
Después de la explosión del piso de Leganés, el desescombro y la recogida de restos continuaron a lo largo del domingo 4 de abril de 2004. Ambas operaciones estaban dirigidas in situ por la juez Teresa Palacios. Los restos de los presuntos suicidas fueron enviados al Instituto Anatómico Forense para realizar los correspondientes estudios y cumplimentar los trámites legales.
En el Instituto Anatómico Forense no se encontraba la directora, Carmen Baladía, que acababa de tomar un permiso pocos días antes con el que esperaba poder recuperarse del tremendo desgaste vivido desde el fatídico 11-M, cuando le tocó hacerse cargo de organizar todas las autopsias de las víctimas en aquella morgue improvisada en que se convirtió el IFEMA.
En su lugar, Carmen Baladía había dejado como responsable del Instituto al doctor Pera, como director en funciones. Sin embargo, quien se hizo cargo de la situación tras la explosión del piso de Leganés no fue el doctor Pera, sino el jefe de la Sección de Antropología del Instituto, José Luís Prieto Carrero, que hizo caso omiso del director en funciones y se puso al mando de todo lo relacionado con los cuerpos de los “suicidas”, sin que el doctor Pera pudiera impedirlo.
A las 11:30 de la mañana del lunes 5 de abril, funcionarios de la Sección de Antropología y Biología de la Comisaría General de Policía Científica se personaban en el Instituto Anatómico Forense para colaborar en el examen de los cadáveres y tomar muestras de ADN de los restos, con vistas a su identificación. Sin embargo, el doctor Prieto se encaró con los funcionarios de Policía Científica y, de forma un tanto incorrecta, les dijo que el examen de los restos sería realizado por el personal a su cargo y que no les iba a permitir la toma de muestras de ADN si no recibía una orden por escrito de la juez del caso, ya que tenía órdenes de enviar las muestras al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTC) de Madrid. Tras eso, les dijo a los miembros de la Policía Científica que volvieran a las seis.
A las 18:00 volvían a presentarse los funcionarios policiales en la sede del Instituto Anatómico Forense, volviéndoseles a reiterar que ya se estaban encargando de la toma de muestras de ADN los miembros del INTC y que no se les iba a permitir el acceso a menos que se recibiera orden escrita de la juez. La propia juez Teresa Palacios, que continuaba supervisando las labores de desescombro en Leganés, llamó por teléfono al doctor Prieto para ordenarle que permitiera el acceso de la Policía Científica a los cadáveres. Pero ni siquiera eso bastó, ya que Prieto se negó hasta que la juez no enviara sus órdenes por escrito, cosa que desde Leganés, obviamente, no podía hacer. Finalmente, después de muchos dimes y diretes, se permitió a los funcionarios policiales tomar las muestras de ADN que venían buscando, tras lo cual se marcharon.
Fue el equipo del doctor Prieto quien realizó los estudios antropológicos, toxicológicos y radiológicos de los cadáveres de los presuntos suicidas. Sin embargo, lo sorprendente es que no se redactaron los preceptivos informes legales de autopsia. La irregularidad es de tal calibre que Del Olmo tuvo que solicitar, dos años después, que el doctor Prieto redactara los informes de autopsia. Pero ya era tarde. Del Olmo podía ordenar que se hiciera una segunda autopsia (o, mejor dicho, una primera autopsia), pero lo que no podía era ordenar que se redactara un informe de una autopsia que no se había hecho. Ante la advertencia que la directora del Instituto Anatómico Forense hizo llegar a Del Olmo, en el sentido de que su petición era irregular, el juez optó por anular su petición de que se redactara ese informe. Con lo cual, el sumario del 11-M no contiene en estos momentos ningún verdadero informe de autopsia de los suicidas de Leganés.
El doctor Prieto protagonizó también en la Comisión de Investigación del 11-M otro episodio peculiar. El Partido Socialista le convocó a la Comisión para contrarrestar mediáticamente el testimonio de Carmen Baladía, y lo hizo citándole en calidad de “Subdirector del Instituto Anatómico Forense”, cargo que no sólo no ostentaba dicho doctor, sino que ni siquiera existía: en el Instituto Anatómico Forense no había subdirector. El propio Prieto tuvo que mandar un escrito aclarando que él no era subdirector del Instituto, a pesar de lo cual su comparecencia no fue anulada.
Resulta llamativo, en la secuencia de acontecimientos vividos tras la explosión del piso de Leganés, el interés en que los funcionarios de la Comisaría General de Policía Científica no accedieran a los cadáveres. ¿Qué era lo que no debían ver? No es el único caso en que se trató de dejar al margen a la Policía Científica: los restos de los focos de explosión de los trenes tampoco fueron enviados a la Policía Científica para su análisis, como tampoco se permitió a los funcionarios de Policía Científica fotografiar la mochila de Vallecas tras su desactivación. ¿Quién trató de dejar al margen a la Policía Científica en muchos aspectos clave de las investigaciones del 11-M? ¿Y por qué motivo?
En el caso de los “suicidas” de Leganés, ¿se estaba intentando ocultar algo? ¿Por qué impedir el acceso, si no, de los funcionarios policiales? ¿Y por qué no se firmaron informes de autopsia?