LOS IMPORTANTES APOYOS DE UN POLI SOPLON.-EL Gobierno socialista tiene un grave problema en la Comisaría General de Información. Según desveló el diario ABC este viernes, a este órgano policial, de máxima importancia en la lucha antiterrorista, pertenecía el teléfono móvil desde el cual se avisó al empresario vasco – colaborador de ETA - Jose Elosúa de que estaba siendo investigado por participar en la red de extorsión de ETA.
El asunto está en manos del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien prosigue las diligencias abiertas por el juez Fernando Grande-Marlaska. Los datos conocidos hasta el momento constan en un informe de la Guardia Civil y, gracias a las posibilidades técnicas que ofrece la telefonía móvil, se considera que pronto podrá identificarse al autor del chivatazo. La gravedad de este hecho es insólita y no sirve de nada echar tierra encima o implantar la ley del silencio.
LOS HECHOS. El chivatazo sobre los seguimientos policiales a los que estaba siendo sometido el miembro de la red de extorsión de ETA, Elosua, dueño del bar Faisán de Behobia, partió de un móvil de la Comisaría General de Información de la Policía, según se desprende de las investigaciones de la Guardia Civil, que ha analizado las llamadas realizadas con teléfono móvil el pasado 4 de mayo en las inmediaciones del domicilio de Elosua en Irún. Todos los datos de la investigación confirman que el policía en cuestión estaba perfectamente al tanto no sólo de los detalles de la operación sino también de la estrategia policial para controlar los movimientos de los individuos investigados. Hay un dato especialmente significativo: la persona que entró en el bar “El Faisán” el pasado 4 de mayo para poner en contacto a Elosúa con el misterioso agente que finalmente le informó de que era seguido, sabía que en esos momentos las cámaras de la Policía, grababan a todas aquellas personas que entraban por la puerta principal del local. Por ello, decidió entrar por la puerta trasera del establecimiento y en un momento en que sabía que nadie de los que estaban dentro podía identificarle. Este chivatazo abortó la operación en un primer momento. Ni Elosua ni su mujer, ni un hijo de éste reconocieron – es “natural” - entre las muchas fotografías de agentes antiterroristas que se le mostraron en el Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, al individuo que le había dado el teléfono móvil con el que mantuvo la conversación con el policía “soplón”, y al que el desconocido se refirió como “compañero”. Como revela el periódico ABC este sábado, hay otro elemento importante para intentar aclarar lo sucedido. En la grabación que la Policía hizo a Elosúa cuando éste circulaba en su coche en compañía de su yerno, Carmelo Luquín, éste hace referencia a detalles de la operación que le había contado el “soplón” que, sin embargo, sólo eran conocidos por un pequeño grupo de agentes. Entre ellos, por cierto, no se encontraba el comisario general de Información – el “famoso” Telesforo - que por orden expresa del juez Fernando Grande-Marlaska había quedado al margen de la investigación y que sin embargo le fue encomendada a uno de sus hombres, un policía con una brillante y dilatada hoja de servicios en la lucha contra el terrorismo etarra.
EL MARRON DEL GOBIERNO. El gobierno se enfrenta al mayor escándalo de la legislatura, porque se trata de un acto de colaboración con banda armada perpetrado desde el núcleo duro de la seguridad del Estado.
Ha llegado la hora de preguntarse, cómo afectará a la moral de las Fuerzas de Seguridad del Estado y a la confianza en ellas de la ciudadanía, que un policía de alto nivel colabore con los terroristas en la comisión de delitos y sea protegido desde el Ministerio. Lo ocurrido no puede zanjarse como un caso de responsabilidad individual. Desde el Gobierno, a medida que se acumulen pruebas, se intentará utilizar como parapeto la existencia de una instrucción "en marcha" y se tratará de presentar los hechos, como el "error" de un funcionario público que, "con buena intención", decidió contribuir al “proceso de paz” torpedeando una investigación judicial antiterrorista, de la que tenía conocimiento por razón de su cargo y para lo que utilizó medios materiales del Ministerio del Interior, que son de todos, igual que el Airbus de Londres. La suegra, no: es solo suya.
En su editorial, ABC dice: El desorden que está caracterizando la negociación con ETA tiene costes como éste: el de llegar a confundir a un funcionario público sobre su verdadero deber en una lucha que tendría que seguir siendo antiterrorista.
