Podría ser de otro color: ¡que más da! Moratinos, en un alarde límite de su capacidad e inteligencia, h
a venido a exponer que, es difícil conseguir las repatriaciones debido a las remesas que los emigrantes envían a sus países, que producen en sus gobernantes el efecto “mira para otro lado”. Pues bien claro está el asunto: modificación seria y profunda de la legislación vigente, sin falsas protestas de sentimientos humanitarios, considerando la realidad del problema: un inmigrante ilegal es, por encima de todo, incluso su situación económica, un delincuente, porque ha entrado en España sin el correspondiente permiso para hacerlo.
Por tanto sería necesario poner negro sobre blanco, las siguientes medidas:
1.- Los extranjeros sin permiso de residencia, no podrán transferir dinero. Castigo ejemplar para las entidades financieras – y sus empleados – que incumplan la norma.
2.- Los ciudadanos españoles y los extranjeros con permiso de residencia, habrán de cumplimentar para cada transferencia un impreso de control que las entidades financieras habrán de hacer llegar, semanalmente, a la Agencia Tributaria, a fin de contrastar el volumen de sus remesas con su declaración del IRPF.
3.- Cualquier fraude a la Hacienda española por parte de estos últimos, llevará consigo la inmediata pérdida de la tarjeta de residente.
Está claro que, si a un buzo sin escafandra autónoma, le pisas la goma a través de la cual recibe el aire, se le obliga a salir del agua con urgencia: ¡pues eso!
Por otra parte, si existen buques nodriza – manera muy suave de denominar a buques negreros, es decir, a buques piratas – abordarles, embarcar una dotación de presa, detener a los tripulantes y obligarles – utilizando la fuerza coercitiva de la Armada – a volver a puerto y desembarcar a los “pasajeros”, para, a continuación ser incautado y hundido en alta mar, una vez abandonado el buque. Las mafias, ante la posibilidad de pérdidas sistemáticas de su flota, modificarían sus sistemas para delinquir.
El problema, que lo conozcan los canarios, no se soluciona porque no se desea.
a venido a exponer que, es difícil conseguir las repatriaciones debido a las remesas que los emigrantes envían a sus países, que producen en sus gobernantes el efecto “mira para otro lado”. Pues bien claro está el asunto: modificación seria y profunda de la legislación vigente, sin falsas protestas de sentimientos humanitarios, considerando la realidad del problema: un inmigrante ilegal es, por encima de todo, incluso su situación económica, un delincuente, porque ha entrado en España sin el correspondiente permiso para hacerlo.Por tanto sería necesario poner negro sobre blanco, las siguientes medidas:
1.- Los extranjeros sin permiso de residencia, no podrán transferir dinero. Castigo ejemplar para las entidades financieras – y sus empleados – que incumplan la norma.
2.- Los ciudadanos españoles y los extranjeros con permiso de residencia, habrán de cumplimentar para cada transferencia un impreso de control que las entidades financieras habrán de hacer llegar, semanalmente, a la Agencia Tributaria, a fin de contrastar el volumen de sus remesas con su declaración del IRPF.
3.- Cualquier fraude a la Hacienda española por parte de estos últimos, llevará consigo la inmediata pérdida de la tarjeta de residente.
Está claro que, si a un buzo sin escafandra autónoma, le pisas la goma a través de la cual recibe el aire, se le obliga a salir del agua con urgencia: ¡pues eso!
Por otra parte, si existen buques nodriza – manera muy suave de denominar a buques negreros, es decir, a buques piratas – abordarles, embarcar una dotación de presa, detener a los tripulantes y obligarles – utilizando la fuerza coercitiva de la Armada – a volver a puerto y desembarcar a los “pasajeros”, para, a continuación ser incautado y hundido en alta mar, una vez abandonado el buque. Las mafias, ante la posibilidad de pérdidas sistemáticas de su flota, modificarían sus sistemas para delinquir.
El problema, que lo conozcan los canarios, no se soluciona porque no se desea.
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