EL DISCURSO DEL PARTIDO JUSTICIA Y DESARROLLO (PJD) MARROQUÍ ANTE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DE SEPTIEMBRE DE 2007 (ARI).TEMA.
Este ARI examina el discurso político del principal partido demoislamista de Marruecos, el PJD, de cara a las elecciones legislativas de septiembre próximo.
RESUMEN.
Las expectativas de victoria de los demoislamistas marroquíes del Partido Justicia y Desarrollo (PJD) en las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre son elevadas. Los datos aportados por varios sondeos y el examen de las dinámicas de evolución del voto en Marruecos así lo predicen. El discurso político de este partido con vistas a los comicios hace hincapié en la necesidad de reformar el sistema para avanzar en el proceso de democratización y para consolidar la identidad islámica nacional. Su objetivo inmediato es abandonar el papel de oposición para formar parte del Ejecutivo con el fin de cambiar desde dentro el orden establecido. El estudio de la literatura electoral y doctrinal del PJD y el análisis de las declaraciones de sus dirigentes revelan que en su ideario es primordial la instauración de un régimen democrático de referencia islámica, donde el Islam se convierta a medio plazo en el principio ordenador de todos los ámbitos de la sociedad. Esa aspiración desborda los límites del actual marco institucional marroquí.
ANÁLISIS.
Algo más de 15 millones y medio de ciudadanos, sobre una población total que supera los 30 millones, podrán votar en las elecciones legislativas que se celebrarán en Marruecos el próximo 7 de septiembre. El clima que rodee la campaña electoral, la propia celebración de los comicios, el anuncio de los resultados y la posterior formación de la Cámara de Representantes y del Gobierno serán objeto de profundo estudio por parte de analistas marroquíes e internacionales. Será así porque el examen de esas diferentes fases del proceso electoral dará claves relevantes sobre el estado actual de la apertura política que lleva a cabo el país norteafricano desde hace una década. Si bien el rey Mohamed VI, jefe de Estado de una Monarquía constitucionalista, ha manifestado reiteradamente su compromiso con la democratización de Marruecos desde que fuera entronizado en 1999, la arquitectura de poder continúa basada en la preponderancia ejecutiva del majzen (la elite palaciega guiada por el monarca que ha gobernado tradicionalmente el Reino). Así, las autoridades políticas elegidas por la ciudadanía aún no gozan de la autonomía de gobierno que estaría conforme a los estándares de una democracia representativa.
A medio camino del proceso de liberalización política, la formación demoislamista –demócrata e islamista – más importante en Marruecos, el Partido Justicia y Desarrollo (Hizb al Adala wal Tanmiya, PJD), encara las elecciones de septiembre sabedora de que probablemente será la primera fuerza política en número de votos. Así lo pronostican varios sondeos. El estadounidense International Republican Institute realizó una encuesta a finales de 2006 en el que llegaba a otorgar al PJD el 47% de los mismos. Encuestas propias del partido rebajan la cifra a un 40%.
Aunque la participación política de los demoislamistas se remonta sólo a 1996, su popularidad, su influencia en la vida pública del país y sus resultados electorales van in crescendo. Se ha tratado de una incorporación gradual a la competencia política con el fin de ir obteniendo poco a poco la confianza de los diferentes actores de la escena política marroquí e internacional. El ejemplo trágico de lo ocurrido en Argelia tras la victoria electoral del Frente Islámico de Salvación (FIS) en 1991, unido a los recelos frente a lo “islamista” tras la irrupción del yihadismo global en los atentados de septiembre de 2001 en EEUU y del yihadismo local en los ataques suicidas de mayo de 2003 en Casablanca, sirvieron de guía de autocontención para los dirigentes del PJD que tenían un proyecto de integración política y de consecución del poder a largo plazo. Así, previo pacto con el Ministerio de Interior, en las legislativas de 1997 sólo presentaron candidatos en el 43% del total de circunscripciones electorales, logrando nueve escaños en el Parlamento; en las de 2002 se postularon en el 62% para obtener hasta 42 escaños y convertirse en la tercera fuerza política tras los dos grandes partidos tradicionales: la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) y los nacionalistas del Partido del Istiqlal (PI), con 50 y 48 escaños respectivamente. Mientras que el PJD obtuvo el 13% de los votos, la USFP y el PI lograron el 15% cada uno.
Para los dirigentes del PJD, la autocensura en la participación electoral ha tocado a su fin. En septiembre próximo, presentará candidatos en todas las circunscripciones existentes para que compitan por el mayor número de escaños posible. Según el diputado demoislamista Abdelqader Amara,[1] esta vez no habrá autorregulación por dos razones fundamentales: en primer lugar, porque el majzen está tranquilo con el discurso del PJD y eso ha provocado que el Ministerio de Interior no intentara presionar como en anteriores citas; y, en segundo lugar, porque el partido ha hecho un esfuerzo en los últimos tiempos para explicar su programa en el exterior – en Francia, EEUU y España, principalmente –, siendo bien aceptado por la comunidad internacional. Sin embargo, la cúpula del PJD es consciente de que, debido a las enmiendas introducidas en marzo pasado en la ley electoral, será imposible que ninguna fuerza política consiga la mayoría absoluta en la Cámara Baja. Es más, denuncian que las enmiendas han sido sancionadas para frenar su auge. Los cambios en la legislación castigan proporcionalmente el voto en las grandes urbes marroquíes, allí donde el PJD tiene su mayor base electoral, y multiplican el valor del mismo en las circunscripciones rurales donde los partidos tradicionales tienen mayor peso. Sin duda, la nueva división electoral provocará una mayor fragmentación de la representación en la Cámara Baja, lo que es visto entre los dirigentes demoislamistas como una nueva táctica del majzen para que ningún grupo parlamentario tenga suficiente fuerza como para acometer reformas de manera independiente.
A pesar de las dificultades legislativas e institucionales que aún subsisten en Marruecos para que se pueda hablar de la existencia de una democracia representativa plena, la mayoría de los dirigentes del PJD quieren consolidar su participación política en el sistema y reformarlo desde dentro. En la legislatura que ahora concluye (2002-2007) han optado por ejercer la oposición con el fin de no ser identificados por su electorado con un Gobierno calificado de débil y falto de independencia respecto al majzen. Al presentarse en las elecciones de septiembre sin autorregulación, el PJD dará un nuevo salto hacia su plena integración en el sistema político marroquí, cuyo alcance dependerá en buena medida de los resultados electorales. Tiene la doble aspiración de ser el primer partido en número de escaños (60 a 70) y de asumir tareas ejecutivas de Gobierno. Sin embargo, existen serias dudas de que alguno de los llamados “ministerios de soberanía” (Interior, Exteriores y Asuntos Religiosos), otros importantes (Justicia, Economía y Educación) o el puesto de primer ministro recaigan en alguno de los dirigentes del PJD, aunque el partido consiguiera la mayoría de los votos.
El programa electoral de los demoislamistas plantea grandes reformas en numerosos ámbitos estructurales del Estado que difícilmente serían aceptadas por el majzen y otros actores internacionales que tienen estrechas relaciones con Marruecos. A modo de ejemplo, en el apartado referente a la acción exterior (programa electoral, pp. 73-79) se pide expresamente el apoyo al derecho a la resistencia contra la ocupación, en clara referencia a los casos de Irak y Palestina, “teniendo en cuenta la diferencia existente entre ese derecho y el terrorismo”. Asimismo, se pide revisar la relación con EEUU por contribuir al reforzamiento de la presencia militar hegemónica de este país en las regiones del Sáhara y el Sahel. No parece que ni a Washington ni a Rabat, dos estrechos aliados en la actualidad, les plazca este tipo de propuestas del PJD.
A los miembros del PJD les incomoda ser calificados de islamistas, definición que consideran errónea y que atribuyen a una simplificación teórica por parte de analistas occidentales. Ellos mismos se definen como un partido democrático de “referencia islámica” y se distancian, en lo que se refiere a la acción política, de los movimientos islamistas de Oriente Medio, como los Hermanos Musulmanes de Egipto, Jordania o Palestina. Tienen como modelo al Partido Justicia y Desarrollo turco (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) que logró una gran victoria en las elecciones legislativas del pasado 22 de julio al obtener el 46% de los votos, triunfo que tratará de explotar como guía de referencia el PJD en su campaña electoral.
La ideología pública del PJD, por tanto, asume su compromiso con la instauración de la democracia, siempre desde una referencia islámica que consideran insoslayable de la identidad nacional marroquí, y acepta las premisas majzenianas (el reconocimiento de la legitimidad religiosa del Rey como “comendador de los creyentes”, la aceptación del Islam oficial y la defensa a ultranza de la unidad territorial del Estado) para poder participar en política[2]. Su proyecto se completa con una serie de reformas encaminadas a lograr la justicia social en el país, cuyo eje fundamental es la lucha contra la corrupción que, según su discurso, es la causa medular del subdesarrollo socioeconómico de Marruecos.
Ahora bien, toda vez que las expectativas de representación política del PJD son altas, y si se confirman los resultados positivos que auguran diversos sondeos, este análisis quiere plantear en qué medida su discurso para los próximos comicios busca la plena integración en el sistema de apertura política que propone Mohamed VI y si casa su proyecto con el actual marco institucional marroquí.
A modo de itinerario, se analiza la visión del discurso del PJD sobre algunos aspectos de cuatro asuntos que nos pueden ayudar a responder a esas cuestiones: (1) el respeto por la Jefatura del Estado y el modo de nombramiento del Gobierno; (2) las fuentes del Derecho y la Judicatura; (3) la participación pública en política; y (4) la protección de las libertades y derechos fundamentales. Para el análisis se usarán dos fuentes principales de información: por un lado, el programa electoral del PJD, y por otro, entrevistas personales del autor con diputados demoislamistas. Otros recursos son la Carta Doctrinal del PJD (Al Waraqa al Madhabiya, 2004), escritos de dirigentes del partido, además de artículos de prensa y textos académicos.
JEFATURAS DEL ESTADO Y DEL GOBIERNO.
Entre las prioridades del programa electoral del PJD se halla la reforma integral de la Constitución con el fin de fortalecer la democracia en aspectos tan relevantes como la separación de poderes (programa electoral, p. 31 y ss.). Ello afecta directamente a las competencias del monarca como jefe del Estado.
Conforme al artículo 19 de la Constitución marroquí, el Rey es el jefe del Estado y amir al muminin o “comendador de los creyentes”. Es decir, no es sólo el mayor garante de la estabilidad y continuidad del Estado, sino que su título tiene un carácter sagrado. Los textos doctrinales y el programa electoral del PJD no ponen en duda esa legitimidad religiosa y se reafirman en la importancia presente e histórica de esa cualidad real para Marruecos (Carta Doctrinal de 2004, p. 9). Además, el partido de los demoislamistas ha aceptado que el régimen marroquí sea formalmente una monarquía constitucional. Por lo tanto, el artículo 19, en tanto que simbólico, no es un problema para el PJD. Antes al contrario, esa simbología es una garantía necesaria para la defensa de Marruecos contra las “diversas formas de extremismo, ya sea de carácter religioso o de otro tipo”, según apunta el secretario general del partido, Saadeddine Othmani.[3]
Sin embargo, en el discurso político de los demoislamistas aflora la urgencia de revisar y enmendar los artículos de las competencias reales, consideradas excesivas, para avanzar en el fortalecimiento de la democracia. Para el diputado Amara, el mismo monarca estaría dispuesto a reformar la Constitución en ese sentido. Otro diputado del PJD, Mustafa Ramid,[4] subraya que el Rey debe “actuar, al igual que en España, como árbitro (hakam) y no como gobernante (hakem)”. Según Ramid, hoy día el Rey es el gran acumulador de los poderes ejecutivos del Estado, mientras que el Gobierno elegido por los ciudadanos está muy limitado en su acción. Para Ramid, el gobernante debe ser responsable de su acción política y estar sujeto al control de la comunidad, algo que hoy no ocurre en Marruecos. Asimismo, este diputado se pregunta que si el artículo 2 de la Constitución especifica que “la soberanía recae en el pueblo y que éste la ejerce mediante sufragio”, cómo es posible que el Rey goce de las competencias ejecutivas de nombrar al primer ministro de iure (artículo 24) y de elegir de facto la formación del conjunto del Gobierno. No en vano, entre las enmiendas constitucionales más significativas que exige el PJD en su programa electoral destacan: la aspiración de que el primer ministro sea nombrado de acuerdo con los resultados de las elecciones legislativas generales, es decir, mediante la votación de los diputados de la Cámara de Representantes y no por decisión del monarca; que el jefe de Gobierno tenga competencias ejecutivas reales; y que el Ejecutivo tenga la iniciativa para modificar la legislación. Esta idea reformista es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el poder fáctico en Marruecos, ejercido por el Rey y el majzen, al haber permitido que la participación política del PJD vaya creciendo.
FUENTES DEL DERECHO Y REFORMA DE LA JUDICATURA.
El orden jurídico marroquí cuenta con un sistema dual basado en la ley islámica o sharia y en el Derecho moderno inspirado en las democracias occidentales, fundamentalmente en el orden jurídico francés. De forma general, la sharia tiene gran influencia sobre el Código Civil, el Código de Estatuto Personal, algunos aspectos del Derecho de propiedad y los procedimientos notariales; mientras que el Código Penal y, en general, las leyes procesales reposan en el Derecho moderno.
El discurso político del PJD para las próximas elecciones insiste en que tanto las fuentes del Derecho como la Judicatura deben reformarse con el doble objetivo de garantizar la independencia de los jueces respecto a los poderes ejecutivos, en primer lugar; y, en segundo término, para que el orden jurídico y la jurisprudencia sean completamente conformes a la sharia.
Para el PJD, el artículo 6 de la Constitución que promulga el Islam como la religión del Estado, justifica plenamente que “la sharia sea la fuente fundamental para legislar” (programa electoral, p. 31) en cualquier ámbito. Entre las reformas que proponen de la Judicatura, plantean en su programa electoral (p. 31) que el Consejo Constitucional tenga como atribución fundamental el velar por que todas las leyes del orden jurídico sean conformes a la ley islámica.
Otra reforma destacable que plantean en su programa (p. 33) es que todo juez sea formado en la “educación judicial” en la que tendría la obligación, entre otras, de estudiar la historia del Derecho islámico y humanitario, la vida y obra de los jurisconsultos que sobresalieron por la recta aplicación de la sharia y, además, los textos coránicos y los dichos del profeta Mahoma.
En estos planteamientos en los que se considera a la religión no sólo como un credo, sino como el gran ordenador jurídico de las instituciones del Estado y de la vida pública de las personas, el PJD se acerca a la ideología del Islam fundamental del movimiento islamista – modelo Hermanos Musulmanes – del que insisten en distanciarse. Amara habla de que el PJD no es un partido religioso, sino que busca la construcción de una sociedad civil como cualquier otro país democrático, si bien es una realidad que “lo hace en Marruecos, que es un país de musulmanes” y con el fin de crear una “sociedad de valores islámicos”. Lahsen Daoudi,[5] también diputado y número dos del partido, asegura que “si el gobierno del Islam (hukm al Islam) y de la sharia es defender la justicia social, luchar contra la corrupción o contra la pobreza, entonces eso es lo que quiere el PJD. Pero las reformas profundas que proponemos son principalmente de índole económica y social, no religiosas Lo que importa a los marroquíes es su economía, no la ideología”. Ramid apunta que todas las leyes emanadas de las instituciones legislativas deben ser conformes a la sharia, porque al fin y al cabo ésta “garantiza la justicia social y la lucha contra la opresión, y eso también es democracia”.
Los dirigentes y la literatura política del PJD dedican grandes esfuerzos a transmitir la importancia de la ley islámica como referencia fundamental para el Estado, el doble carácter moralizador y legislador de la religión, y su compatibilidad con la democracia. Ese discurso político pone en juego una profunda reforma del ordenamiento jurídico marroquí, de las relaciones entre las instituciones legislativas y ejecutivas, y de las libertades públicas de los ciudadanos.
PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y COMPROMISO CON LOS ESQUEMAS DEMOCRÁTICOS.
El discurso político del PJD para las próximas elecciones insiste en que tanto las fuentes del Derecho como la Judicatura deben reformarse con el doble objetivo de garantizar la independencia de los jueces respecto a los poderes ejecutivos, en primer lugar; y, en segundo término, para que el orden jurídico y la jurisprudencia sean completamente conformes a la sharia.
Para el PJD, el artículo 6 de la Constitución que promulga el Islam como la religión del Estado, justifica plenamente que “la sharia sea la fuente fundamental para legislar” (programa electoral, p. 31) en cualquier ámbito. Entre las reformas que proponen de la Judicatura, plantean en su programa electoral (p. 31) que el Consejo Constitucional tenga como atribución fundamental el velar por que todas las leyes del orden jurídico sean conformes a la ley islámica.
Otra reforma destacable que plantean en su programa (p. 33) es que todo juez sea formado en la “educación judicial” en la que tendría la obligación, entre otras, de estudiar la historia del Derecho islámico y humanitario, la vida y obra de los jurisconsultos que sobresalieron por la recta aplicación de la sharia y, además, los textos coránicos y los dichos del profeta Mahoma.
En estos planteamientos en los que se considera a la religión no sólo como un credo, sino como el gran ordenador jurídico de las instituciones del Estado y de la vida pública de las personas, el PJD se acerca a la ideología del Islam fundamental del movimiento islamista – modelo Hermanos Musulmanes – del que insisten en distanciarse. Amara habla de que el PJD no es un partido religioso, sino que busca la construcción de una sociedad civil como cualquier otro país democrático, si bien es una realidad que “lo hace en Marruecos, que es un país de musulmanes” y con el fin de crear una “sociedad de valores islámicos”. Lahsen Daoudi,[5] también diputado y número dos del partido, asegura que “si el gobierno del Islam (hukm al Islam) y de la sharia es defender la justicia social, luchar contra la corrupción o contra la pobreza, entonces eso es lo que quiere el PJD. Pero las reformas profundas que proponemos son principalmente de índole económica y social, no religiosas Lo que importa a los marroquíes es su economía, no la ideología”. Ramid apunta que todas las leyes emanadas de las instituciones legislativas deben ser conformes a la sharia, porque al fin y al cabo ésta “garantiza la justicia social y la lucha contra la opresión, y eso también es democracia”.
Los dirigentes y la literatura política del PJD dedican grandes esfuerzos a transmitir la importancia de la ley islámica como referencia fundamental para el Estado, el doble carácter moralizador y legislador de la religión, y su compatibilidad con la democracia. Ese discurso político pone en juego una profunda reforma del ordenamiento jurídico marroquí, de las relaciones entre las instituciones legislativas y ejecutivas, y de las libertades públicas de los ciudadanos.
PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y COMPROMISO CON LOS ESQUEMAS DEMOCRÁTICOS.
Uno de los grandes ejes del programa electoral del PJD es el apoyo a la transición democrática mediante la mejora de los mecanismos de participación política y el fortalecimiento de las instituciones donde se ejerce la voluntad soberana del pueblo. Los teóricos del PJD piensan que es a través de las instituciones democráticas desde donde hoy día se puede avanzar mejor hacia la justicia social y la preservación de la identidad islámica de los marroquíes.
Defienden que es el sufragio universal el mejor método para elegir a los gobernantes. Por ello, insisten en su programa (p. 32) en que sean los representantes electos quienes nombren al primer ministro y los demás miembros del Ejecutivo, y no el Rey por iniciativa propia. Hay que recordar que el primer ministro actual, Dris Jettu, no perteneciente a partido alguno, fue elegido arbitrariamente por el monarca en 2002. Daoudi señala que en Marruecos “la gente está harta de gobiernos tecnócratas ineficientes que no asuman responsabilidades ante el pueblo soberano”.
A su vez, exigen en su programa (p. 37 y ss.) una reforma radical de la ley electoral que consideran carece de legitimidad democrática suficiente por favorecer elecciones poco transparentes. Entre otras medidas, solicitan que se revise con minuciosidad el censo electoral para evitar el fraude; y una nueva división de las circunscripciones electorales para que se vele por la proporcionalidad del valor de los votos y evitar que se beneficie al medio rural, lo que provoca que haya más de 30 partidos representados en el Parlamento y, por tanto, una fragmentación de voluntades que redunda en ineficacia institucional.
Respecto al Parlamento, el PJD entiende que es la mejor institución contemporánea para controlar el ejercicio del poder y para legislar. En la tradición islámica, la ley debe aplicarse sobre el gobernante y el gobernado. En ese sentido, el Parlamento es visto como un buen instrumento para ejercer el control sobre el Ejecutivo. De ahí la insistencia del PJD en reformar integralmente la escena política marroquí con el fin de que el Gobierno tenga realmente competencias ejecutivas y, por tanto, que esté sujeto a la supervisión de sus actuaciones ante representantes elegidos por el pueblo.
SALVAGUARDIA DE LAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES.
Defienden que es el sufragio universal el mejor método para elegir a los gobernantes. Por ello, insisten en su programa (p. 32) en que sean los representantes electos quienes nombren al primer ministro y los demás miembros del Ejecutivo, y no el Rey por iniciativa propia. Hay que recordar que el primer ministro actual, Dris Jettu, no perteneciente a partido alguno, fue elegido arbitrariamente por el monarca en 2002. Daoudi señala que en Marruecos “la gente está harta de gobiernos tecnócratas ineficientes que no asuman responsabilidades ante el pueblo soberano”.
A su vez, exigen en su programa (p. 37 y ss.) una reforma radical de la ley electoral que consideran carece de legitimidad democrática suficiente por favorecer elecciones poco transparentes. Entre otras medidas, solicitan que se revise con minuciosidad el censo electoral para evitar el fraude; y una nueva división de las circunscripciones electorales para que se vele por la proporcionalidad del valor de los votos y evitar que se beneficie al medio rural, lo que provoca que haya más de 30 partidos representados en el Parlamento y, por tanto, una fragmentación de voluntades que redunda en ineficacia institucional.
Respecto al Parlamento, el PJD entiende que es la mejor institución contemporánea para controlar el ejercicio del poder y para legislar. En la tradición islámica, la ley debe aplicarse sobre el gobernante y el gobernado. En ese sentido, el Parlamento es visto como un buen instrumento para ejercer el control sobre el Ejecutivo. De ahí la insistencia del PJD en reformar integralmente la escena política marroquí con el fin de que el Gobierno tenga realmente competencias ejecutivas y, por tanto, que esté sujeto a la supervisión de sus actuaciones ante representantes elegidos por el pueblo.
SALVAGUARDIA DE LAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES.
El programa electoral del PJD tiene como eslogan “Construyamos juntos el Marruecos de la justicia”. La defensa de las libertades y derechos fundamentales individuales y colectivos es, por tanto, un eje medular de su discurso político. Si bien, se relaciona constantemente esa salvaguardia con el respeto a los usos y costumbres tradicionales islámicos. El PJD aboga de forma clara por que sea el Estado el corrector y ordenador de la moral pública de acuerdo a referencias islámicas. Así el Estado debe aplicar la hisba o figura por la cual se protegen los principios y valores islámicos enraizados en la historia marroquí. En su Carta Doctrinal (p. 9) se compromete a fortalecer el Islam como fuerza moralizadora y educadora.
Daoudi piensa que “Marruecos tiene su propio acervo histórico al igual que los demás países. No queremos guardar el Islam en un museo. No queremos importar el modelo francés. Estamos orgullosos de nuestro pasado. Aprendemos de las experiencias democráticas europeas, pero en las propias fuentes islámicas encontramos recursos para desarrollar la democracia - ¿? -. Los republicanos estadounidenses o la derecha española son muy religiosos, y no pongo en duda su espíritu democrático”. Amara indica que “los valores morales que fundamentan los derechos y libertades de los ciudadanos están basados en el Islam, pero tienen un carácter universal. Admiro la educación ciudadana europea y me gustaría que fuera aplicada en Marruecos. El Estado debe procurar el respeto por la conservación de los valores tradicionales y crear un sistema de valores de acuerdo con el Islam, pero que esté al mismo tiempo abierto a las transformaciones de la sociedad y a las influencias del exterior”.
El programa político del PJD insiste en proteger los derechos humanos y las libertades públicas en un país donde existen graves carencias: plenas garantías judiciales a procesados judicialmente y convictos, abolición de la tortura, libertad de expresión y de prensa, y amparo de la infancia, entre otros.
Mención especial merece la apuesta del PJD por la consecución de la igualdad de la mujer. En su programa electoral (p. 55) se expresa la necesidad de que la mujer participe activamente en todos los dominios de la vida pública marroquí, incluido el de la política. Así como se proponen programas especiales para luchar contra su discriminación socioeconómica y educativa, su explotación sexual y la violencia doméstica. Es de destacar que de los 42 escaños que obtuvo el PJD en las elecciones legislativas de 2002, seis los ocupan mujeres, siendo junto al Partido del Istiqlal las dos formaciones con más representación femenina en la Cámara de Representantes. A su vez – aunque en un principio titubearon los demoislamistas – consensuaron con el Rey, el Gobierno y los principales partidos, la aprobación de la reforma del Código de Estatuto Personal (mudawwana) en 2004 que venía a equiparar jurídicamente al hombre y la mujer en la mayoría de las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia y los derechos de sucesión. El diputado Amara subraya que el PJD “defiende la discriminación positiva en aquellos campos donde la mujer está en desventaja”.
Ahora bien, cuando las libertades se ejercen en el espacio público y no se acomodan a los valores considerados como islámicos, entonces el PJD las censuras y entiende que el Estado debe intervenir como corrector para velar por la moral pública. Así, por ejemplo, el diputado Ramid se muestra totalmente en contra de los festivales musicales estivales donde los jóvenes visten de manera ajena a la tradición islámica, escuchan música transgresora y beben alcohol.
CONCLUSIONES.
El Partido Justicia y Desarrollo es sabedor de que puede lograr el mayor número de votos en las elecciones legislativas de septiembre próximo. Varios sondeos le auguran resultados muy positivos a pesar de una ley electoral que les perjudica. Además, la reciente victoria del partido islamista turco AKP – que les sirve de guía ideológica y práctica – en los comicios de julio pasado puede servir de aliento a su electorado marroquí. La dirección de los demoislamistas ha decidido postularse para participar en el próximo Ejecutivo de Rabat con el fin de reformar desde dentro un sistema institucional que les disgusta por su corrupción e ineficacia. Si se cumplen los pronósticos, la pelota estará sobre el tejado del Palacio. A Mohamed VI le quedarían dos soluciones toda vez que sigue ostentando la atribución de nombrar al Gobierno: por un lado, proporcionar a los demoislamistas importantes responsabilidades ejecutivas acordes al dictamen de las urnas privilegiando la paz social, de tal forma que se fuera consolidando su integración en el sistema político a pesar de la exigencias reformistas que amenazan al tradicional poder hegemónico del majzen; o bien, soslayar los resultados y ofrecer al PJD responsabilidades ejecutivas menores que éste rechazaría, pasando a desempeñar el papel de una oposición menos leal a la ejercida en los últimos años, lo que daría lugar a una tensión política importante en la legislatura 2007-2012.
En cualquier caso, el programa electoral del PJD se muestra ambicioso a la hora de reformar el sistema institucional marroquí,[6] desbordando claramente los límites de su marco actual. Algo a lo que no va a renunciar aun participando en el Ejecutivo. Sus dirigentes dicen: no a la domesticación. Su programa invita a enmendar las competencias del Rey, favorecer la independencia del Gobierno, multiplicar el peso de la ley islámica como fuente del Derecho y como gran reguladora de la vida pública; además de comprometerse con el fortalecimiento de las instituciones democráticas y de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. En caso de victoria del PJD en las urnas, la puesta en práctica de su literatura electoral podría obligar al Palacio a acortar los plazos de la apertura política, además de replantearse la política de contención del islamismo constitucionalista que se ha practicado en la última década, para pasar a una relación de mayor cooperación y búsqueda de consenso.
El modelo de Estado civil de valores islámicos que proponen los demoislamistas del PJD se acomoda en muchos conceptos a la democracia liberal occidental siempre y cuando se considere la democracia como un sistema de instituciones que privilegia el bienestar del pueblo, restringe los abusos del poder ejecutivo y permite la participación en política. Sin embargo, si se entiende además como un sistema de valores en el que las libertades de elección o de expresión individuales y colectivas son preponderantes, entonces la democracia islamizada que preconiza se aleja del modelo democrático liberal.[7] En el programa electoral del PJD se plantea claramente la islamización de múltiples ámbitos de la sociedad, donde las referencias religiosas, aun modernizadas, resultan en exceso invasivas para la libertad individual a los ojos de un demócrata europeo. Esa islamización afectaría, entre otros dominios, al sistema educativo, a la economía (sistema bancario islámico, organización del impuesto del azaque, moralización del turismo), al orden jurídico que quedarían sujeto a la sharia como fuente principal, a los medios de comunicación, a la vida pública cultural y de ocio, o a la mismísima política exterior que privilegiaría las relaciones diplomáticas con el mundo árabe e islámico.
Por último, cabe decir que los demoislamistas marroquíes buscan algo más que consolidar su plena participación en el sistema político actual. Si cuentan con la legitimidad de buenos resultados electorales, el desafío es obligar a los poderes fácticos a reformar poco a poco ese sistema, con el fin de que se acomode a medio plazo a sus expectativas de instaurar un régimen democrático donde el Islam sea el principio ordenador de todos los ámbitos de la sociedad. Los recelos internos y externos son muchos y de diferente índole, pero, al igual que sus colegas turcos del AKP, el PJD tendrá que demostrar que una democracia islamizada es posible si algún día consiguen el poder.
Marcos García Rey. Arabista y periodista, ex director del Servicio Internacional en Árabe de la Agencia EFE.
[1] Entrevista personal con el autor, Rabat, 21/VI/2007.
[2] Léase el magnífico artículo sobre la historia de la evolución política del PJD de Khadija Mohsen-Finan & Malika Zeghlal, “Opposition islamiste et pouvoir monarchique au Maroc. Le cas du Parti de la Justice et du Développement”, Revue française de science politique, vol. 56, n° 1, febrero 2006, pp. 79-119.
[3] Saadeddine Othmani, “Tahaddiyat al musharaka al siasiya lil haraka al islamiya. Hizb al Adala wal Tanmiya bil Maghreb namudaj” (“Los desafíos de la participación política para el movimiento islamista. El Partido Justicia y Desarrollo en Marruecos como modelo”), Al Furqan, nº 54, 2006, pp. 6-15.
[4] Entrevistado por el autor en Casablanca, 25/VI/2007.
[5] Entrevistado por el autor en Rabat, 22/VI/2007.
[6] En palabras de un dirigente del PJD: “No es todo lo ambicioso que desearíamos para no provocar malentendidos. En Marruecos le ponemos azúcar a todo, al té, al cuscús, al asado de cordero...”. Entrevistado por el autor en junio de 2007.
[7] Léase Bruce K. Rutherford, “What do Egypt’s Islamists Want? Moderate Islam and the Rise of Islamic Constitutionalism”, Middle East Journal, vol. 60, nº 4, otoño 2006, pp. 707-731.
Daoudi piensa que “Marruecos tiene su propio acervo histórico al igual que los demás países. No queremos guardar el Islam en un museo. No queremos importar el modelo francés. Estamos orgullosos de nuestro pasado. Aprendemos de las experiencias democráticas europeas, pero en las propias fuentes islámicas encontramos recursos para desarrollar la democracia - ¿? -. Los republicanos estadounidenses o la derecha española son muy religiosos, y no pongo en duda su espíritu democrático”. Amara indica que “los valores morales que fundamentan los derechos y libertades de los ciudadanos están basados en el Islam, pero tienen un carácter universal. Admiro la educación ciudadana europea y me gustaría que fuera aplicada en Marruecos. El Estado debe procurar el respeto por la conservación de los valores tradicionales y crear un sistema de valores de acuerdo con el Islam, pero que esté al mismo tiempo abierto a las transformaciones de la sociedad y a las influencias del exterior”.
El programa político del PJD insiste en proteger los derechos humanos y las libertades públicas en un país donde existen graves carencias: plenas garantías judiciales a procesados judicialmente y convictos, abolición de la tortura, libertad de expresión y de prensa, y amparo de la infancia, entre otros.
Mención especial merece la apuesta del PJD por la consecución de la igualdad de la mujer. En su programa electoral (p. 55) se expresa la necesidad de que la mujer participe activamente en todos los dominios de la vida pública marroquí, incluido el de la política. Así como se proponen programas especiales para luchar contra su discriminación socioeconómica y educativa, su explotación sexual y la violencia doméstica. Es de destacar que de los 42 escaños que obtuvo el PJD en las elecciones legislativas de 2002, seis los ocupan mujeres, siendo junto al Partido del Istiqlal las dos formaciones con más representación femenina en la Cámara de Representantes. A su vez – aunque en un principio titubearon los demoislamistas – consensuaron con el Rey, el Gobierno y los principales partidos, la aprobación de la reforma del Código de Estatuto Personal (mudawwana) en 2004 que venía a equiparar jurídicamente al hombre y la mujer en la mayoría de las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia y los derechos de sucesión. El diputado Amara subraya que el PJD “defiende la discriminación positiva en aquellos campos donde la mujer está en desventaja”.
Ahora bien, cuando las libertades se ejercen en el espacio público y no se acomodan a los valores considerados como islámicos, entonces el PJD las censuras y entiende que el Estado debe intervenir como corrector para velar por la moral pública. Así, por ejemplo, el diputado Ramid se muestra totalmente en contra de los festivales musicales estivales donde los jóvenes visten de manera ajena a la tradición islámica, escuchan música transgresora y beben alcohol.
CONCLUSIONES.
El Partido Justicia y Desarrollo es sabedor de que puede lograr el mayor número de votos en las elecciones legislativas de septiembre próximo. Varios sondeos le auguran resultados muy positivos a pesar de una ley electoral que les perjudica. Además, la reciente victoria del partido islamista turco AKP – que les sirve de guía ideológica y práctica – en los comicios de julio pasado puede servir de aliento a su electorado marroquí. La dirección de los demoislamistas ha decidido postularse para participar en el próximo Ejecutivo de Rabat con el fin de reformar desde dentro un sistema institucional que les disgusta por su corrupción e ineficacia. Si se cumplen los pronósticos, la pelota estará sobre el tejado del Palacio. A Mohamed VI le quedarían dos soluciones toda vez que sigue ostentando la atribución de nombrar al Gobierno: por un lado, proporcionar a los demoislamistas importantes responsabilidades ejecutivas acordes al dictamen de las urnas privilegiando la paz social, de tal forma que se fuera consolidando su integración en el sistema político a pesar de la exigencias reformistas que amenazan al tradicional poder hegemónico del majzen; o bien, soslayar los resultados y ofrecer al PJD responsabilidades ejecutivas menores que éste rechazaría, pasando a desempeñar el papel de una oposición menos leal a la ejercida en los últimos años, lo que daría lugar a una tensión política importante en la legislatura 2007-2012.
En cualquier caso, el programa electoral del PJD se muestra ambicioso a la hora de reformar el sistema institucional marroquí,[6] desbordando claramente los límites de su marco actual. Algo a lo que no va a renunciar aun participando en el Ejecutivo. Sus dirigentes dicen: no a la domesticación. Su programa invita a enmendar las competencias del Rey, favorecer la independencia del Gobierno, multiplicar el peso de la ley islámica como fuente del Derecho y como gran reguladora de la vida pública; además de comprometerse con el fortalecimiento de las instituciones democráticas y de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. En caso de victoria del PJD en las urnas, la puesta en práctica de su literatura electoral podría obligar al Palacio a acortar los plazos de la apertura política, además de replantearse la política de contención del islamismo constitucionalista que se ha practicado en la última década, para pasar a una relación de mayor cooperación y búsqueda de consenso.
El modelo de Estado civil de valores islámicos que proponen los demoislamistas del PJD se acomoda en muchos conceptos a la democracia liberal occidental siempre y cuando se considere la democracia como un sistema de instituciones que privilegia el bienestar del pueblo, restringe los abusos del poder ejecutivo y permite la participación en política. Sin embargo, si se entiende además como un sistema de valores en el que las libertades de elección o de expresión individuales y colectivas son preponderantes, entonces la democracia islamizada que preconiza se aleja del modelo democrático liberal.[7] En el programa electoral del PJD se plantea claramente la islamización de múltiples ámbitos de la sociedad, donde las referencias religiosas, aun modernizadas, resultan en exceso invasivas para la libertad individual a los ojos de un demócrata europeo. Esa islamización afectaría, entre otros dominios, al sistema educativo, a la economía (sistema bancario islámico, organización del impuesto del azaque, moralización del turismo), al orden jurídico que quedarían sujeto a la sharia como fuente principal, a los medios de comunicación, a la vida pública cultural y de ocio, o a la mismísima política exterior que privilegiaría las relaciones diplomáticas con el mundo árabe e islámico.
Por último, cabe decir que los demoislamistas marroquíes buscan algo más que consolidar su plena participación en el sistema político actual. Si cuentan con la legitimidad de buenos resultados electorales, el desafío es obligar a los poderes fácticos a reformar poco a poco ese sistema, con el fin de que se acomode a medio plazo a sus expectativas de instaurar un régimen democrático donde el Islam sea el principio ordenador de todos los ámbitos de la sociedad. Los recelos internos y externos son muchos y de diferente índole, pero, al igual que sus colegas turcos del AKP, el PJD tendrá que demostrar que una democracia islamizada es posible si algún día consiguen el poder.
Marcos García Rey. Arabista y periodista, ex director del Servicio Internacional en Árabe de la Agencia EFE.
[1] Entrevista personal con el autor, Rabat, 21/VI/2007.
[2] Léase el magnífico artículo sobre la historia de la evolución política del PJD de Khadija Mohsen-Finan & Malika Zeghlal, “Opposition islamiste et pouvoir monarchique au Maroc. Le cas du Parti de la Justice et du Développement”, Revue française de science politique, vol. 56, n° 1, febrero 2006, pp. 79-119.
[3] Saadeddine Othmani, “Tahaddiyat al musharaka al siasiya lil haraka al islamiya. Hizb al Adala wal Tanmiya bil Maghreb namudaj” (“Los desafíos de la participación política para el movimiento islamista. El Partido Justicia y Desarrollo en Marruecos como modelo”), Al Furqan, nº 54, 2006, pp. 6-15.
[4] Entrevistado por el autor en Casablanca, 25/VI/2007.
[5] Entrevistado por el autor en Rabat, 22/VI/2007.
[6] En palabras de un dirigente del PJD: “No es todo lo ambicioso que desearíamos para no provocar malentendidos. En Marruecos le ponemos azúcar a todo, al té, al cuscús, al asado de cordero...”. Entrevistado por el autor en junio de 2007.
[7] Léase Bruce K. Rutherford, “What do Egypt’s Islamists Want? Moderate Islam and the Rise of Islamic Constitutionalism”, Middle East Journal, vol. 60, nº 4, otoño 2006, pp. 707-731.
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