CON MUSICA DE BOLERO ANTIGUO, TODOS “MUY SOLIDARIOS”.CALDERA Y RUBALCABA, OBLIGADOS A COMPARECER. CONTRADICCIONES EN EL GOBIERNO SOBRE SI LA TUTELA DE LOS MENORES INMIGRANTES CORRESPONDE AL ESTADO O A LAS COMUNIDADES.
Después de que el Ejecutivo canario exigiera que los menores inmigrantes se trasladaran también a la Península, este viernes el delegado del Gobierno en las islas ha reconocido que su tutela es "una cuestión de Estado". Sin embargo, no comparten su opinión otros responsables del Ejecutivo central. Consuelo Rumí ha dicho que la tutela de los menores corresponde a las comunidades autónomas, algo que ha corroborado la propia Fernández de la Vega. El problema se abordará "como una gran muestra de voluntad" en una conferencia en septiembre con las autonomías. Caldera y Rubalcaba tendrán que comparecer por esta crisis humanitaria.
El Gobierno canario introdujo el tema de los menores indocumentados dentro de sus exigencias al Ejecutivo central este jueves, cuando demandó que el reparto de los inmigrantes incluyera a los menores. Adán Martín indicó que Canarias tutela actualmente a 627 menores extranjeros, y 17 más aún están en Comisaría. El presidente canario llegó a citar la convención de los derechos del Niño de la ONU para que el Gobierno obligue a que las comunidades autónomas acojan cupos de menores, debido al desbordamiento de los centros canarios. "La descentralización del poder no reduce en modo alguno la responsabilidad directa del gobierno del Estado" para cumplir sus obligaciones con todos los niños, dijo Martín.
El delegado del Gobierno en Canarias dio su apoyo este viernes a la petición del presidente canario. José Segura afirmó que la situación de los menores inmigrantes en las islas es una "cuestión política de Estado" y también de la Unión Europea, "que afecta a todos los españoles y a todas las administraciones públicas". "Ése es mi criterio personal", matizó después el delegado.
Sin embargo, Consuelo Rumí, la secretaria de Estado de Inmigración, ha señalado que la tutela de los menores indocumentados no corresponde al Ejecutivo central, sino a las autonomías, "que en su momento exigieron esas competencias". Sin embargo, anunció una conferencia sectorial en septiembre con todas las comunidades para analizar la posibilidad de que el Gobierno asuma esa redistribución "del mismo modo que sucede con los adultos". Una reunión que sería "una gran muestra de voluntad por parte de todos los gobiernos autonómicos", dijo. María Teresa Fernández de la Vega, al término del Consejo de Ministros, reiteró que la competencia de los menores está traspasada a las autonomías
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