UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO RECHAZA ESTA POSIBILIDAD. AZNÁR SE PLANTEA EMPRENDER ACCIONES JUDICIALES CONTRA LOS QUE QUIEREN ENCAUSAR
LE POR LA GUERRA DE IRAK.
El ex presidente del Gobierno José María Aznár se plantea emprender acciones legales contra el Partido Comunista y otros colectivos de izquierdas que pretenden llevarle ante el Tribunal Penal Internacional por su responsabilidad en la guerra de Irak. Según confirmaron fuentes del entorno de Aznár a Libertad Digital, los impulsores de esa iniciativa podrían cometer "fraude a la Justicia" porque existe una sentencia del Tribunal Supremo que rechazó la posibilidad de que el ex presidente fuera enjuiciado por organismos internacionales. El actual fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, fue ponente de esa sentencia aprobada por unanimidad. Este sábado, la Fundación de Investigaciones Marxistas pretende reclutar "profesionales" que establezcan las "bases jurídicas" que, según ellos, permitan juzgar a Aznár.
Fuentes cercanas al ex presidente del Gobierno, José María Aznár, subrayaron que todos aquellos que pretenden encausarle por sus decisiones como jefe del Ejecutivo de España en la guerra de Irak podrían cometer "fraude a la Justicia".
Las fuentes han recordado que existe una sentencia del Tribunal Supremo del 21 de enero de 2004 que ya rechazó entonces la posibilidad de que el ex presidente compareciera ante el TPI por este mismo motivo. En este sentido, han hecho especial hincapié en que el hoy fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, fue ponente de esa resolución. Han recordado también que la decisión fue aprobada por unanimidad.
Así, las fuentes señalan que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se declaró incompetente para intentar llevar a un ex presidente ante la Justicia internacional. Ese órgano apuntó, cuando se le presentó un caso similar, que no era competente y alegó que al Ley Orgánica 18/93 – de cooperación con el Tribunal Penal Internacional – establece que sólo el Gobierno de la Nación es competente para llevar adelante un procedimiento de estas características. De esta forma, el ex jefe del Ejecutivo español está estudiando la posibilidad de responder judicialmente ante las denuncias contra él por la participación de España en la guerra de Irak que se están planteando desde formaciones como el Partido Comunista y otros colectivos de izquierdas.
LE POR LA GUERRA DE IRAK.El ex presidente del Gobierno José María Aznár se plantea emprender acciones legales contra el Partido Comunista y otros colectivos de izquierdas que pretenden llevarle ante el Tribunal Penal Internacional por su responsabilidad en la guerra de Irak. Según confirmaron fuentes del entorno de Aznár a Libertad Digital, los impulsores de esa iniciativa podrían cometer "fraude a la Justicia" porque existe una sentencia del Tribunal Supremo que rechazó la posibilidad de que el ex presidente fuera enjuiciado por organismos internacionales. El actual fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, fue ponente de esa sentencia aprobada por unanimidad. Este sábado, la Fundación de Investigaciones Marxistas pretende reclutar "profesionales" que establezcan las "bases jurídicas" que, según ellos, permitan juzgar a Aznár.
Fuentes cercanas al ex presidente del Gobierno, José María Aznár, subrayaron que todos aquellos que pretenden encausarle por sus decisiones como jefe del Ejecutivo de España en la guerra de Irak podrían cometer "fraude a la Justicia".
Las fuentes han recordado que existe una sentencia del Tribunal Supremo del 21 de enero de 2004 que ya rechazó entonces la posibilidad de que el ex presidente compareciera ante el TPI por este mismo motivo. En este sentido, han hecho especial hincapié en que el hoy fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, fue ponente de esa resolución. Han recordado también que la decisión fue aprobada por unanimidad.
Así, las fuentes señalan que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se declaró incompetente para intentar llevar a un ex presidente ante la Justicia internacional. Ese órgano apuntó, cuando se le presentó un caso similar, que no era competente y alegó que al Ley Orgánica 18/93 – de cooperación con el Tribunal Penal Internacional – establece que sólo el Gobierno de la Nación es competente para llevar adelante un procedimiento de estas características. De esta forma, el ex jefe del Ejecutivo español está estudiando la posibilidad de responder judicialmente ante las denuncias contra él por la participación de España en la guerra de Irak que se están planteando desde formaciones como el Partido Comunista y otros colectivos de izquierdas.
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