¿POR QUÉ NO ESTÁN ANTE EL JUEZ MIGUEL ANGEL TORRES LOS CARGOS DE LA JUNTA QUE C
OBRARON COMISIONES?
Es la pregunta que se hacen imputados de la «Operación Malaya». El fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero argumenta que la investigación «no está cerrada» y que las pesquisas policiales están orientadas en otra dirección. Contrasta que a personajes sin relevancia aparente, como Isabel Pantoja, se la detenga a medianoche y se la encierre una noche en los calabozos, o que a una cría como la hija de Roca, se la lleve esposada de Madrid a Marbella, mientras a los gerifaltes socialistas - que sabían de sobra lo que pasaba y pudieron meter la mano en la bolsa - ni se les nombre. Como escribe Ignacio Camacho en una columna titulada “Qué duros con las espigas...” y que aparece este domingo en ABC:
SI se doblase el mapa de España por un eje, no sólo geográfico, sino político y moral, la ruta nocturna de Isabel Pantoja hasta los sórdidos calabozos de Málaga coincidiría aproximadamente con el plácido itinerario de los paseos vespertinos de Iñaki De Juana Chaos por los alrededores del hospital donostiarra, y se obtendría una curiosa superposición de la profunda, aberrante dicotomía ética en que se bifurca estos días la andadura del corto zapaterismo. Todo el rigor de la justicia, con su contundente y aparatosa movilización del aparato policial, desencadenado con alevosa nocturnidad sobre una cantante sospechosa de irregularidades financieras, que perfectamente podía haber sido convocada al juzgado mediante la correspondiente citación ordinaria; mientras al otro lado del país, el asesino convicto de 25 ciudadanos, discretamente protegido por las fuerzas de seguridad, estira al atardecer sus músculos agarrotados por un selectivo ayuno voluntario que le ha bastado para doblegar al sistema legal del Estado.
LA EXPLICACIÓN DEL FISCAL.
Explica José María Camacho en ABC que en medio de la polémica por la coincidencia de la visita a Marbella de Corto Zapatero, y la detención de Isabel Pantoja, los implicados en la trama recuerdan otros casos de corrupción vinculados con la Junta: El ex alcalde de Marbella Jesús Gil remitió al llegar a la Alcaldía una extensa documentación al Juzgado de personas que actuaban de intermediarios en las presuntas operaciones de cobro de comisiones a los promotores de Marbella, durante la etapa en la que gobernaban esta ciudad PSOE e IU. Así, señalan que Gil, igual que algunos promotores afectados por este escándalo, denunció a las personas que exigían el impuesto revolucionario, con el fin de ver aprobadas por la comisión de urbanismo sus peticiones de licencias de obras. El ex alcalde, ya fallecido, acusó, entre otros, al padre de un ex consejero de la Junta de Andalucía de cobrar 220 millones de pesetas para poder realizar uno de sus proyectos. En el acta notarial que Gil aportó, denunciaba la necesidad del promotor de acceder a los pagos pese a saber que eran irregulares como única salida a la situación que se vivía. Estas prácticas se han venido desarrollando en Marbella en todas las épocas, pero el juez Torres sólo ha detenido y ha enviado a la cárcel a la plana mayor del Ayuntamiento que cobró comisiones desde 2002 hasta 2006. ¿Por qué?, señalan estos imputados. Y añaden: el juez no debería acotar la investigación a un periodo de tiempo, sino ordenar que las pesquisas policiales no se cierren porque tienen la sospecha de que algunos cargos de la Junta podrían haber cobrado comisiones o han mirado para otro lado.
OBRARON COMISIONES?Es la pregunta que se hacen imputados de la «Operación Malaya». El fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero argumenta que la investigación «no está cerrada» y que las pesquisas policiales están orientadas en otra dirección. Contrasta que a personajes sin relevancia aparente, como Isabel Pantoja, se la detenga a medianoche y se la encierre una noche en los calabozos, o que a una cría como la hija de Roca, se la lleve esposada de Madrid a Marbella, mientras a los gerifaltes socialistas - que sabían de sobra lo que pasaba y pudieron meter la mano en la bolsa - ni se les nombre. Como escribe Ignacio Camacho en una columna titulada “Qué duros con las espigas...” y que aparece este domingo en ABC:
SI se doblase el mapa de España por un eje, no sólo geográfico, sino político y moral, la ruta nocturna de Isabel Pantoja hasta los sórdidos calabozos de Málaga coincidiría aproximadamente con el plácido itinerario de los paseos vespertinos de Iñaki De Juana Chaos por los alrededores del hospital donostiarra, y se obtendría una curiosa superposición de la profunda, aberrante dicotomía ética en que se bifurca estos días la andadura del corto zapaterismo. Todo el rigor de la justicia, con su contundente y aparatosa movilización del aparato policial, desencadenado con alevosa nocturnidad sobre una cantante sospechosa de irregularidades financieras, que perfectamente podía haber sido convocada al juzgado mediante la correspondiente citación ordinaria; mientras al otro lado del país, el asesino convicto de 25 ciudadanos, discretamente protegido por las fuerzas de seguridad, estira al atardecer sus músculos agarrotados por un selectivo ayuno voluntario que le ha bastado para doblegar al sistema legal del Estado.
LA EXPLICACIÓN DEL FISCAL.
Explica José María Camacho en ABC que en medio de la polémica por la coincidencia de la visita a Marbella de Corto Zapatero, y la detención de Isabel Pantoja, los implicados en la trama recuerdan otros casos de corrupción vinculados con la Junta: El ex alcalde de Marbella Jesús Gil remitió al llegar a la Alcaldía una extensa documentación al Juzgado de personas que actuaban de intermediarios en las presuntas operaciones de cobro de comisiones a los promotores de Marbella, durante la etapa en la que gobernaban esta ciudad PSOE e IU. Así, señalan que Gil, igual que algunos promotores afectados por este escándalo, denunció a las personas que exigían el impuesto revolucionario, con el fin de ver aprobadas por la comisión de urbanismo sus peticiones de licencias de obras. El ex alcalde, ya fallecido, acusó, entre otros, al padre de un ex consejero de la Junta de Andalucía de cobrar 220 millones de pesetas para poder realizar uno de sus proyectos. En el acta notarial que Gil aportó, denunciaba la necesidad del promotor de acceder a los pagos pese a saber que eran irregulares como única salida a la situación que se vivía. Estas prácticas se han venido desarrollando en Marbella en todas las épocas, pero el juez Torres sólo ha detenido y ha enviado a la cárcel a la plana mayor del Ayuntamiento que cobró comisiones desde 2002 hasta 2006. ¿Por qué?, señalan estos imputados. Y añaden: el juez no debería acotar la investigación a un periodo de tiempo, sino ordenar que las pesquisas policiales no se cierren porque tienen la sospecha de que algunos cargos de la Junta podrían haber cobrado comisiones o han mirado para otro lado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario