EL ABOGADO BOYÉ.
El diario El País, el 14 de abril de 2007, planteaba en uno de sus editoriales el siguiente interrogante: ¿Estado responsable? El editorialista se refería así a la demanda planteada al Tribunal del 11-M por alguna de las acusaciones particulares personadas para que el Estado español sea condenado como responsable civil subsidiario por mal funcionamiento de los servicios públicos de seguridad al no haber sabido prever el atentado y cometer graves fallos, burocráticos o negligentes.
La iniciativa ha sido promovida por el letrado Gonzalo Boyé - QUE ESTUVO EN LA CÁRCEL, CONDENADO POR COLABORACIÓN CON ETA, RESPECTO DE UN SECUESTRO - y ella se ha sumado la Asociación de Víctimas que preside Pilar Manjón. El primero ejerce la acusación particular en nombre de la familia de una víctima de nacionalidad chilena y ha declarado que el Estado falló por "una errónea dirección política" en la "investigación y prevención de los actos terroristas que, tal vez, de haberse actuado correctamente, se hubiesen podido evitar". La señora Manjón, por su parte, desde un principio viene culpando al ex presidente Aznár de la gran masacre por nuestra implicación en la guerra de Irak, lo que constituye una tremenda perversión jurídica y moral.
Por completar la información de los lectores de Libertad Digital, dejaré constancia de que el abogado Gonzalo Boyé fue condenado a diez años de cárcel por haber colaborado con ETA en el secuestro del empresario Revilla, mantiene una estrecha y pública relación con uno de los fiscales de la causa y, casualmente, es socio destacado del despacho en Pamplona de Pachi Sabaleta, ex miembro de la Mesa Nacional de HB y presidente de Aralar, el partido que aspira con el beneplácito de Zapatero a conformar gobierno con los socialistas navarros si los resultados electorales del próximo 27 de mayo se lo permiten.
UNA CAMPAÑA DESMESURADA.
La demanda Boyé no está orientada sólo a defender los intereses económicos de sus representados. Sueña con que una hipotética condena civil del Estado le proporcione la munición necesaria para tratar de exigir responsabilidades civiles e incluso penales, según sostiene El País, al ex presidente José María Aznár y a los demás responsables políticos del ministerio del Interior de su segundo gobierno. No deja de ser significativo que esta iniciativa coincida con la desmesurada campaña socialista desatada contra el Partido Popular por el inefable Pepiño Blanco, que en el colmo del atrevimiento da por sentado y sentenciado que el ministro Acebes mintió porque el mismo día 11 de marzo por la tarde ya sabía que el atentado había sido obra de los islamistas. La declaración en el juicio de los mandos policiales no difiere en esencia de lo que ya dijeron ante la Comisión del 11-M. y conviene recordar que en sus conclusiones la mayoría gubernamental no se atrevió a sostener la patraña del número dos del PSOE.
Por otra parte, en el juicio del 11-M se enjuicia si quienes se sientan en el banquillo de los acusados son o no culpables de haber participado en la ejecución del atentado, pero no si el ministro Acebes dijo o no la verdad cuando informaba sobre la marcha de las investigaciones policiales. Tampoco se pronunciará el Tribunal acerca de si los responsables políticos de la seguridad del Estado actuaron conforme a los cánones exigibles al valorar los informes que, de una manera no muy precisa, alertaban sobre el riesgo del terrorismo islamista.
LA SENTENCIA DE EL PAÍS.
Pues bien, a juicio de El País, la pretensión de Boyé y Manjón no es "del todo descabellada". Esta es la argumentación del periódico gubernamental: "En el caso del 11-M son numerosos los fallos susceptibles de ser valorados por un tribunal como efectos del mal funcionamiento del aparato de seguridad del Estado, tanto en su dimensión profesional como política. Y van desde dejar sin concluir seguimientos policiales a elementos yihadistas investigados con anterioridad a la masacre del 11-M, algunos de los cuales participaron en ella, hasta la increíble pasividad policial y judicial frente a la trama asturiana de los explosivos, el descontrol en la custodia de las minas donde se obtenían y la desatención por parte de los máximos responsables políticos de los informes que alertaban de la creciente amenaza del terrorismo islamista en España".
Salvo la conclusión de que hubo "desatención" por parte de los máximos responsables políticos de las alertas de los servicios de inteligencia, todo lo demás se refiere al funcionamiento de los cuerpos policiales. El País considera probado que hubo numerosos fallos en su actuación. Y esto no deja de ser algo sorprendente. Porque en la Comisión de Investigación del 11-M los socialistas, con el apoyo incondicional del periódico gubernamental, se negaron a realizar una investigación a fondo de lo ocurrido en Asturias y sobre la actuación de otros cuerpos de la seguridad del Estado. Asunto éste que entraba de lleno en las competencias de control al gobierno que constitucionalmente corresponde al Congreso de los Diputados.
Siempre hemos defendido que una comisión parlamentaria de Investigación no tiene por objeto hacer un juicio paralelo cuando un asunto está sometido a la acción de la Justicia. Tuvimos claro desde un principio que no era nuestra misión indagar sobre la autoría intelectual y material de los atentados de Madrid. Pero sí era nuestro deber determinar cómo habían funcionado los servicios de seguridad. De las declaraciones de ciertos mandos de la Policía y de la Guardia Civil llegamos a la conclusión de que algunos de ellos podrían ser responsables de conducta cuando menos negligente. Y esta es la razón por la que formulamos la gran pregunta que hasta ahora no ha tenido respuesta por la cerrazón del gobierno socialista: ¿Cómo es posible que pudiera cometerse el atentado si todos sus autores materiales y colaboradores, o eran confidentes de la Policía, de la Guardia Civil o del CNI, o estaban estrechamente vigilados por los servicios de seguridad del Estado bajo la dirección en la mayoría de los casos del juez Baltasar Garzón?
LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN.
Un día sí y otro también el diario El País me atribuye la condición de paladín parlamentario de la ridícula "teoría de la conspiración", según la cual el 11-M habría sido fruto de una conjura de islamistas, etarras, servicios secretos marroquíes, agentes del CNI y antiguos colaboradores del ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, todo ello por haberme atrevido a poner en duda la profesionalidad –y, en algún caso, la veracidad de los testimonios-, de ciertos funcionarios de la seguridad del Estado y haber preguntado sobre las posibles conexiones entre islamistas y etarras.
Es cierto que denuncié la presunta negligencia o incompetencia de un mando policial que tenía como confidente al responsable de la venta de explosivos. También lo es que aporté al sumario –y el juez acabó por incorporarla al mismo – una declaración extrajudicial, legalmente obtenida, de Rafá Zouhier cuya veracidad ha quedado confirmada en casi todos sus extremos y que ponía de manifiesto que la UCO tuvo pleno conocimiento de que los asturianos Toro y Suárez Trashorras habían puesto en el mercado clandestino de explosivos nade menos que 150 kilos de dinamita. También es verdad que puse en cuarentena las increíbles explicaciones que se nos ofrecieron para justificar por qué no se había solicitado al juez la intervención telefónica de los asturianos. En alguna ocasión he afirmado que el juez Garzón debería aclarar cuál fue la actuación de su juzgado antes del 11-M si se tiene en cuenta que era el responsable de la lucha judicial contra el terrorismo islamista y estaban bajo su control los presuntos autores de los atentados. Pero nunca he llegado tan lejos como el editorialista de El País que declara como hechos probados que hubo increíbles fallos en el funcionamiento de los aparatos de seguridad. Más aún, El País se cae de un guindo poniendo como chupa de dómine a los miembros de la UCO o al tristemente célebre Manolón, al que en su día glorificaron porque mi interrogatorio había sido tan agresivo que acabó provocando su llanto ante la comisión. En cualquier caso, ver al diario El País sumarse al club de los alocados "conspiranoicos" es muy gratificante.
IMPREVISIÓN.
En cuanto a las demandas de responsabilidad civil subsidiaria es evidente que sólo podrían tener respuesta en el marco de un procedimiento judicial dirigido a determinar si en efecto hubo o no negligencia en la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El juez del Olmo se negó a investigar sobre ello, centrándose únicamente en determinar la implicación de los acusados que ahora se sientan en el banquillo.
En cualquier caso, lo que sí resulta rotundamente descabellado es acusar de imprevisión al presidente Aznár y a la cúpula política del Ministerio del Interior y tratar de articular sobre ello nada menos que la exigencia de responsabilidades penales. Los informes de los servicios de inteligencia –bastante ambiguos y que apuntaban sobre todo a nuestras tropas en Irak y a nuestras embajadas en países árabes, así como a intereses norteamericanos y judíos en España – demuestran que los responsables de la lucha contra el terrorismo islamista se encontraban en estado de máxima alerta. Por otra parte, España tenía un bien ganado prestigio internacional en el combate contra esta lacra universal. Ahí están como prueba las numerosas detenciones, de las que tanto se enorgullece – y con razón – el juez Garzón de elementos implicados en la causa de Al Qaeda.
Ningún responsable de los cuerpos de seguridad ha declarado que la falta de medios hubiera frustrado ninguna operación policial. Y, al menos hasta finales de diciembre de 2003 (me remito al testimonio del periodista de El País, José María Irujo, en su libro El Agujero) la coordinación entre el CNI y la UCIE funcionaba a la perfección. Por último, ¿cómo puede acusarse de imprevisión al gobierno si todos los acusados de perpetrar la masacre o eran confidentes o estaban controlados y además los servicios encargados de la lucha contra el terrorismo islamista eran plenamente conscientes de los riesgos que se cernían sobre España?
ADENDA. BUSCAR A NAYO.
El presidente del Tribunal del 11-M, Javier Gómez Bermúdez, ha ordenado buscar a José Ignacio Fernández, alias Nayo, que se encuentra refugiado en un país caribeño. Se trata de un confidente que denunció a los asturianos Toro y Suárez Trashorras no sólo por tráfico de dinamita sino por tratar de venderla a ETA, inculpándose él mismo de colaboración con la banda terrorista. Quiero recordar que el 10 de noviembre de 2004 presenté ante el juez del Olmo una denuncia contra Nayo, adjuntando el minucioso relato remitido a los diputados del Grupo Popular en la Comisión por el abogado Carlos Alberto Tejeda. No sé lo que el juez Del Olmo hizo con mi denuncia, pues no he recibido información alguna al respecto. Pero, visto lo visto, está claro que no ordenó localizar a un testigo a todas luces incómodo para la fiscalía porque – ¡oh, cielos! – podía referirse a ETA.
Jaime Ignacio del Burgo es diputado por Navarra. Representa a UPN en el Comité Nacional del PP.
El diario El País, el 14 de abril de 2007, planteaba en uno de sus editoriales el siguiente interrogante: ¿Estado responsable? El editorialista se refería así a la demanda planteada al Tribunal del 11-M por alguna de las acusaciones particulares personadas para que el Estado español sea condenado como responsable civil subsidiario por mal funcionamiento de los servicios públicos de seguridad al no haber sabido prever el atentado y cometer graves fallos, burocráticos o negligentes.
La iniciativa ha sido promovida por el letrado Gonzalo Boyé - QUE ESTUVO EN LA CÁRCEL, CONDENADO POR COLABORACIÓN CON ETA, RESPECTO DE UN SECUESTRO - y ella se ha sumado la Asociación de Víctimas que preside Pilar Manjón. El primero ejerce la acusación particular en nombre de la familia de una víctima de nacionalidad chilena y ha declarado que el Estado falló por "una errónea dirección política" en la "investigación y prevención de los actos terroristas que, tal vez, de haberse actuado correctamente, se hubiesen podido evitar". La señora Manjón, por su parte, desde un principio viene culpando al ex presidente Aznár de la gran masacre por nuestra implicación en la guerra de Irak, lo que constituye una tremenda perversión jurídica y moral.
Por completar la información de los lectores de Libertad Digital, dejaré constancia de que el abogado Gonzalo Boyé fue condenado a diez años de cárcel por haber colaborado con ETA en el secuestro del empresario Revilla, mantiene una estrecha y pública relación con uno de los fiscales de la causa y, casualmente, es socio destacado del despacho en Pamplona de Pachi Sabaleta, ex miembro de la Mesa Nacional de HB y presidente de Aralar, el partido que aspira con el beneplácito de Zapatero a conformar gobierno con los socialistas navarros si los resultados electorales del próximo 27 de mayo se lo permiten.
UNA CAMPAÑA DESMESURADA.
La demanda Boyé no está orientada sólo a defender los intereses económicos de sus representados. Sueña con que una hipotética condena civil del Estado le proporcione la munición necesaria para tratar de exigir responsabilidades civiles e incluso penales, según sostiene El País, al ex presidente José María Aznár y a los demás responsables políticos del ministerio del Interior de su segundo gobierno. No deja de ser significativo que esta iniciativa coincida con la desmesurada campaña socialista desatada contra el Partido Popular por el inefable Pepiño Blanco, que en el colmo del atrevimiento da por sentado y sentenciado que el ministro Acebes mintió porque el mismo día 11 de marzo por la tarde ya sabía que el atentado había sido obra de los islamistas. La declaración en el juicio de los mandos policiales no difiere en esencia de lo que ya dijeron ante la Comisión del 11-M. y conviene recordar que en sus conclusiones la mayoría gubernamental no se atrevió a sostener la patraña del número dos del PSOE.
Por otra parte, en el juicio del 11-M se enjuicia si quienes se sientan en el banquillo de los acusados son o no culpables de haber participado en la ejecución del atentado, pero no si el ministro Acebes dijo o no la verdad cuando informaba sobre la marcha de las investigaciones policiales. Tampoco se pronunciará el Tribunal acerca de si los responsables políticos de la seguridad del Estado actuaron conforme a los cánones exigibles al valorar los informes que, de una manera no muy precisa, alertaban sobre el riesgo del terrorismo islamista.
LA SENTENCIA DE EL PAÍS.
Pues bien, a juicio de El País, la pretensión de Boyé y Manjón no es "del todo descabellada". Esta es la argumentación del periódico gubernamental: "En el caso del 11-M son numerosos los fallos susceptibles de ser valorados por un tribunal como efectos del mal funcionamiento del aparato de seguridad del Estado, tanto en su dimensión profesional como política. Y van desde dejar sin concluir seguimientos policiales a elementos yihadistas investigados con anterioridad a la masacre del 11-M, algunos de los cuales participaron en ella, hasta la increíble pasividad policial y judicial frente a la trama asturiana de los explosivos, el descontrol en la custodia de las minas donde se obtenían y la desatención por parte de los máximos responsables políticos de los informes que alertaban de la creciente amenaza del terrorismo islamista en España".
Salvo la conclusión de que hubo "desatención" por parte de los máximos responsables políticos de las alertas de los servicios de inteligencia, todo lo demás se refiere al funcionamiento de los cuerpos policiales. El País considera probado que hubo numerosos fallos en su actuación. Y esto no deja de ser algo sorprendente. Porque en la Comisión de Investigación del 11-M los socialistas, con el apoyo incondicional del periódico gubernamental, se negaron a realizar una investigación a fondo de lo ocurrido en Asturias y sobre la actuación de otros cuerpos de la seguridad del Estado. Asunto éste que entraba de lleno en las competencias de control al gobierno que constitucionalmente corresponde al Congreso de los Diputados.
Siempre hemos defendido que una comisión parlamentaria de Investigación no tiene por objeto hacer un juicio paralelo cuando un asunto está sometido a la acción de la Justicia. Tuvimos claro desde un principio que no era nuestra misión indagar sobre la autoría intelectual y material de los atentados de Madrid. Pero sí era nuestro deber determinar cómo habían funcionado los servicios de seguridad. De las declaraciones de ciertos mandos de la Policía y de la Guardia Civil llegamos a la conclusión de que algunos de ellos podrían ser responsables de conducta cuando menos negligente. Y esta es la razón por la que formulamos la gran pregunta que hasta ahora no ha tenido respuesta por la cerrazón del gobierno socialista: ¿Cómo es posible que pudiera cometerse el atentado si todos sus autores materiales y colaboradores, o eran confidentes de la Policía, de la Guardia Civil o del CNI, o estaban estrechamente vigilados por los servicios de seguridad del Estado bajo la dirección en la mayoría de los casos del juez Baltasar Garzón?
LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN.
Un día sí y otro también el diario El País me atribuye la condición de paladín parlamentario de la ridícula "teoría de la conspiración", según la cual el 11-M habría sido fruto de una conjura de islamistas, etarras, servicios secretos marroquíes, agentes del CNI y antiguos colaboradores del ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, todo ello por haberme atrevido a poner en duda la profesionalidad –y, en algún caso, la veracidad de los testimonios-, de ciertos funcionarios de la seguridad del Estado y haber preguntado sobre las posibles conexiones entre islamistas y etarras.
Es cierto que denuncié la presunta negligencia o incompetencia de un mando policial que tenía como confidente al responsable de la venta de explosivos. También lo es que aporté al sumario –y el juez acabó por incorporarla al mismo – una declaración extrajudicial, legalmente obtenida, de Rafá Zouhier cuya veracidad ha quedado confirmada en casi todos sus extremos y que ponía de manifiesto que la UCO tuvo pleno conocimiento de que los asturianos Toro y Suárez Trashorras habían puesto en el mercado clandestino de explosivos nade menos que 150 kilos de dinamita. También es verdad que puse en cuarentena las increíbles explicaciones que se nos ofrecieron para justificar por qué no se había solicitado al juez la intervención telefónica de los asturianos. En alguna ocasión he afirmado que el juez Garzón debería aclarar cuál fue la actuación de su juzgado antes del 11-M si se tiene en cuenta que era el responsable de la lucha judicial contra el terrorismo islamista y estaban bajo su control los presuntos autores de los atentados. Pero nunca he llegado tan lejos como el editorialista de El País que declara como hechos probados que hubo increíbles fallos en el funcionamiento de los aparatos de seguridad. Más aún, El País se cae de un guindo poniendo como chupa de dómine a los miembros de la UCO o al tristemente célebre Manolón, al que en su día glorificaron porque mi interrogatorio había sido tan agresivo que acabó provocando su llanto ante la comisión. En cualquier caso, ver al diario El País sumarse al club de los alocados "conspiranoicos" es muy gratificante.
IMPREVISIÓN.
En cuanto a las demandas de responsabilidad civil subsidiaria es evidente que sólo podrían tener respuesta en el marco de un procedimiento judicial dirigido a determinar si en efecto hubo o no negligencia en la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El juez del Olmo se negó a investigar sobre ello, centrándose únicamente en determinar la implicación de los acusados que ahora se sientan en el banquillo.
En cualquier caso, lo que sí resulta rotundamente descabellado es acusar de imprevisión al presidente Aznár y a la cúpula política del Ministerio del Interior y tratar de articular sobre ello nada menos que la exigencia de responsabilidades penales. Los informes de los servicios de inteligencia –bastante ambiguos y que apuntaban sobre todo a nuestras tropas en Irak y a nuestras embajadas en países árabes, así como a intereses norteamericanos y judíos en España – demuestran que los responsables de la lucha contra el terrorismo islamista se encontraban en estado de máxima alerta. Por otra parte, España tenía un bien ganado prestigio internacional en el combate contra esta lacra universal. Ahí están como prueba las numerosas detenciones, de las que tanto se enorgullece – y con razón – el juez Garzón de elementos implicados en la causa de Al Qaeda.
Ningún responsable de los cuerpos de seguridad ha declarado que la falta de medios hubiera frustrado ninguna operación policial. Y, al menos hasta finales de diciembre de 2003 (me remito al testimonio del periodista de El País, José María Irujo, en su libro El Agujero) la coordinación entre el CNI y la UCIE funcionaba a la perfección. Por último, ¿cómo puede acusarse de imprevisión al gobierno si todos los acusados de perpetrar la masacre o eran confidentes o estaban controlados y además los servicios encargados de la lucha contra el terrorismo islamista eran plenamente conscientes de los riesgos que se cernían sobre España?
ADENDA. BUSCAR A NAYO.
El presidente del Tribunal del 11-M, Javier Gómez Bermúdez, ha ordenado buscar a José Ignacio Fernández, alias Nayo, que se encuentra refugiado en un país caribeño. Se trata de un confidente que denunció a los asturianos Toro y Suárez Trashorras no sólo por tráfico de dinamita sino por tratar de venderla a ETA, inculpándose él mismo de colaboración con la banda terrorista. Quiero recordar que el 10 de noviembre de 2004 presenté ante el juez del Olmo una denuncia contra Nayo, adjuntando el minucioso relato remitido a los diputados del Grupo Popular en la Comisión por el abogado Carlos Alberto Tejeda. No sé lo que el juez Del Olmo hizo con mi denuncia, pues no he recibido información alguna al respecto. Pero, visto lo visto, está claro que no ordenó localizar a un testigo a todas luces incómodo para la fiscalía porque – ¡oh, cielos! – podía referirse a ETA.
Jaime Ignacio del Burgo es diputado por Navarra. Representa a UPN en el Comité Nacional del PP.
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